El acceso a la información pública es siempre un tema incómodo, sobre todo para los oficialismos,  porque implica poner a disposición de la población datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y privadas que realizan gasto público o bien de funcionarios públicos y lo que atañe al desempeño de sus funciones. Es, básicamente y bien implementado, control ciudadano directo sobre los actos de gobierno amén del nivel que sea.

En la noche del pasado miércoles el bloque de concejales del PJ sancristobalense presentó un proyecto de acceso a la información pública municipal que, como era de esperar, generó resquemores dentro de la bancada oficialista ya que desde la perspectiva radical el proyecto pone en tela de juicio la disponibilidad de la información pública por parte de la gestión municipal.

La concejal Flavia Burella tomó la palabra en la sesión del 31 de marzo  y dejó en claro su posición respecto a la iniciativa presentada por el tándem justicialista Morel-Cosentino. Desde el punto de vista de Burella  la implementación de lineamientos formales y regulatorios en cuanto al acceso a la información pública de la Municipalidad de San Cristóbal no es necesario ya que desde el inicio de la gestión radical de la mano de Edgardo Martino cualquier información está a disposición de la ciudadanía.  Como todo punto de vista es altamente discutible.

Según el proyecto presentado por el bloque justicialista, se considera información pública municipal todo aquello concerniente a organismo de administración pública perteneciente a la Municipalidad de San Cristóbal,  entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado municipal, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el estado municipal tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias, Juzgado municipal de faltas y honorable Concejo Municipal,  empresas privadas o entidades públicas prestatarias de servicios públicos municipales (en caso que no otorguen la información solicitada, el convenio caducara y todo otro convenio que este en ejecución) como así también las organizaciones privadas, asociaciones y/o fundaciones a las que se haya otorgado subsidio y/o aporte del sector público municipal, exclusivamente en cuanto a su relación con el municipio o en lo referido a dichos aportes; sin perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa.

La información requerida por el ciudadano tiene un plazo máximo de 15 días para su entrega más un plazo extensivo único de 10 días y los empleados municipales podrán dar la información sin necesidad de la autorización de sus superiores jerárquicos. Aquella información que afecte a intereses propios de la Municipalidad, que vulnere el derecho a la intimidad de las personas o indicada como confidencial por juzgados y afines no será disponible al público.

Desde el bloque del PJ señalaron que la supuesta apertura que la concejal radical señala no es tal porque son numerosos los pedidos de informes que el ejecutivo municipal no responde ya que no existe ninguna reglamentación que obligue al ejecutivo a responder en tiempo y forma pedidos que salen del ámbito legislativo aprobados por mayoría. Usualmente esos pedidos nunca retornan al recinto. La oposición asegura que es poco probable que esta iniciativa, que se encuentra en comisión, prospere en el concejo.

Conocido es el caso de la disponibilidad de información relevante en San Cristóbal. Para aquellos que intentamos profesionalizar la práctica periodística en localidades como la nuestra  es realmente complejo conseguir información seria y registrada que permita el análisis a posteriori. Lo llamativo de San Cristóbal es que hay pocos lugares donde acudir si se necesita información fidedigna, medida, tabulada que no sea filtrada por algún intermediario.

Más allá del derecho a la información lo que se debe implementar para que este derecho pueda cumplirse es la información misma. No existe en San Cristóbal ningún organismo que cense y compile de manera estadística información de importancia para la sociedad, el simple hecho de preguntar cuál es la tasa de desocupación en la ciudad alcanza para dejar en evidencia la falta de información ante este y otros problemas propios.

La centralización de la información también es un problema recurrente, no sólo en el ámbito municipal sino también en organismos provinciales que tienen su sede en la cabecera departamental. Todo se repite, en todos los niveles. En nuestro caso particular, el de periodistas, afecta directamente a la calidad de la profesión. En el caso del ciudadano, a los fondos propios y al destino de los mismos.

Es comprensible que alguna información que afecte los intereses del municipio no pueda ser puesta a consideración del público por considerarse estratégica y decisiva pero quizás es un buen ejercicio empezar desde lo más simple. A modo de ejemplo, este cronista quiso acceder el pasado miércoles 31 de marzo una vez culminada la sesión al Presupuesto municipal del año 2010 presentado al HCM en diciembre del año pasado y todavía en análisis en el recinto legislativo local. La respuesta fue simple y administrativa: no se puede acceder al presupuesto hasta que haya salido de las comisiones; es decir, aprobado. Veremos que pasa